“La ley hoy dice NO a los manicomios, no a los hospitales monovalentes, no a encerrar de por vida a estos pacientes, incluso a los adictos que están contemplados en Salud Mental”, dijo la directora del Hospital Fernanda Lalosa. En esta nota te contamos de qué manera se involucra la Justicia, el COPNAF, el Área de Familia, el Hospital. Un tema candente y problemático…

Por Claudia Cagigas

El derecho a vivir en sociedad es inherente al ser humano, sea cual sea su condición, pero ¿qué sucede cuando una persona, por su condición mental, implica un riesgo para otros? Las leyes determinan el marco para regular los derechos y obligaciones que implica vivir en sociedad, más allá de los incontables cuestionamientos que podemos hacer ante la aplicación e interpretación de esas leyes. Sin intentar estigmatizar y sin desconocer que existen muchas personas que aparentemente no tienen sus facultades mentales alteradas y que también son un riesgo para los demás, en el programa EL ESPEJO (Radio Show Chajarí) abordamos la problemática.

Consultada la directora del Hospital Santa Rosa de Chajarí, Fernanda Lalosa, explicó que en el caso de las personas que poseen alteraciones mentales, “la ley hoy dice NO a los manicomios, no a los hospitales monovalentes, no a encerrar de por vida a estos pacientes, incluso a los adictos que están contemplados en Salud Mental”. Concretamente, la ley en vigencia contempla que, si una persona con alteraciones mentales implica un riesgo para sí mismo o para terceros, “debe ser internado en el Hospital, pero no en forma definitiva, sino el tiempo necesario para hacer un tratamiento y cuando salga a la calle hay que ofrecerle acompañamiento y contención”.

¿Quién decide cuándo internar?

La Defensora Silvia Ghiorzo explicó en EL ESPEJO que “el riesgo para terceros lo tiene que evaluar un equipo interdisciplinario especializado. En esas condiciones, el equipo informa al Juzgado y si está debidamente justificado, se interna. Pero para llegar a esta decisión hay que excluir todas las alternativas aplicables y que no dieron resultado. La internación, dice la ley, es el último recurso”.

Una vez internado el paciente, hay un control del juzgado respecto a esa internación. “Toda internación debe ser informada al Órgano de Revisión y al Juzgado de Familia y a partir de ahí se determina si se piden los informes, con qué periodicidad; es decir, hay un control del juzgado respecto a esa internación”, indicó Ghiorzo.

¿Quién controla cuando esa persona obtiene el alta?

Una vez cumplimentado el tiempo de internación, la persona en cuestión debe volver a vivir en sociedad, bajo la tutela de un familiar o de un adulto responsable. ¿Pero qué sucede si ese adulto responsable no existe o no puede cumplir con ese rol como para garantizar que la persona con facultades mentales alteradas no implique un riesgo para la ciudadanía? Fernanda Lalosa manifestó que ahí es donde aparece la gran falencia. “Una vez que hacemos el informe y el paciente es dado de alta, vuelve a su domicilio y es ahí donde hay falencias. Debería haber una red comunitaria interdisciplinaria para acompañar a una persona. Si la madre no puede cuidarlo, hay que buscar un acompañante terapéutico u otras actividades para que pueda desarrollar, como por ejemplo ir a un club, practicar deportes, talleres… Es muy difícil y es ahí donde todos los organismos que intervenimos debemos unirnos en este trabajo extra hospitalario”.

Por otra parte, si el paciente no tiene obra social, ¿quién se hace cargo del pago de un acompañante? Gabriela Auri, titular del Área Mujer y Familia del Municipio, opinó que quien cumpla este rol “tiene que ser personal especializado en la temática y el Área de Mujer y Familia no lo está”.

Desde el COPNAF, Silvia Farias manifestó: “Nosotros, como organismo, no tenemos ningún programa que me permita poner una persona que acompañe las 24 horas. Hay mamás que funcionan porque tienen toda una red comunitaria que acompañe o una familia, pero hay otras que no”.

En tanto, Gabriela Auri agregó que tanto COPNAF como el Área de Familia trabajan en la restitución de derechos. “Eso significa que derivamos a las distintas áreas especializadas”.

Fernanda Lalosa sostuvo que “Acción Social del Municipio podría afrontar el pago de profesionales que contribuyan a solucionar el problema o Discapacidad del Municipio, no sólo el Hospital. Por eso creo que estaría muy bueno que podamos trabajar más con Salud Municipal, ya que entre todos sería mucho más liviano y podríamos llegar a más personas”.

La respuesta no está clara. Si no hay recursos disponibles para acompañar a esa persona que necesita reinsertarse socialmente, si no hay un familiar que pueda hacerse cargo económica o presencialmente para cumplir ese rol, ¿quién se hace cargo? ¿Específicamente qué organismo debería aportar los fondos para pagar un profesional adecuado? Desde el Hospital Lalosa argumenta que la institución se encarga de la atención de la salud mental; desde la Dirección de Familia Auri argumenta que en su función y que no cuenta con personal formado para cumplir ese fin; desde COPNAF Farias responde que no cuenta con un programa que permita acompañar a una persona las 24 horas.

Intentando una última respuesta sobre ¿quién le paga o debería pagar a ese acompañante?, Silvia Farias agregó: “Si el paciente tiene pensión no contributiva, le descuentan un aporte para el Incluir Salud –lo que antes era el Profe-. Eso se tramita en los hospitales únicamente. Son los hospitales los que hacen el trámite para tener un cuello ortopédico, una silla, valvas, la medicación, los acompañantes terapéuticos, internación domiciliaria –si fuera el caso-. ¿Ahora quién ayuda a hacer el trámite? Ahí quizás el Área de Discapacidad debería ayudar a encauzar un trámite. El COPNAF lo hace con aquellas personas que tienen hijos pequeños, menores, el problema son los adultos, los mayores de 18 años, ¿quién los va acompañando”.

Este es el gran problema, el vacío que queda a la hora de la inserción social de estas personas que no cuentan con una obra social o que carecen de familiares/adultos/instituciones que puedan tomar la posta para encauzar los incontables trámites que hay que realizar, mientras la pelota pasa de un lado a otro.