Por Claudia Cagigas

Nadie sabe bien quién impulsa la iniciativa. Los medios que publicaron la noticia dijeron: “una iniciativa que ingresará a la Cámara de Diputados a través de sugerencias ciudadanas, busca que el Estado deje de financiar a las escuelas públicas de gestión privada en nuestra provincia”. No se hacía alusión a los nombres de los ciudadanos que impulsan la idea o a un grupo en particular. Lo cierto es que las fuentes consultadas por EL ESPEJO mostraron la misma incógnita y rechazaron de cuajo la posibilidad de que esto prospere. Es más, muchos de ellos deslizaron la posibilidad de que podría tratarse de “algo tirado al azar” a modo de testeo, para ver qué reacción causaba en la población.

José Luis Panozzo (presidente del Consejo General de Educación –CGE- de Entre Ríos); Gabriela Lena (diputada provincial por CAMBIEMOS); Walter Galarza (director de Educación Privada del CGE), Sergio Pesoa (secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados –SADOP-) esta vez coincidieron en los planteos y en el rechazo a que el Estado Entrerriano deje de financiar a las escuelas públicas de gestión privadas. Argumentaron que no es correcto que estas instituciones quiten recursos al sistema educativo sino que, por el contrario, nacieron ante la ausencia del Estado (a modo de ejemplo, en el caso puntual de Chajarí, el padre Max Wendler fundó muchas de estas escuelas, con el fin de llegar con educación a lugares vulnerables).

“Si se convierte en ley, se vetará”

Panozzo fue contundente. Como para no dejar dudas, dijo: “Ignoro de dónde salió este proyecto, pero del Frente para la Victoria (FpV) no fue… Quiero llevar tranquilidad a la población, a los apoderados legales, a los padres, a los trabajadores. Este proyecto es inviable desde el punto de vista que se lo mire. No prosperará, pero en el remoto caso de que así fuera, el gobierno provincial lo vetará”.

Por su parte, la diputada Lena también recalcó que la iniciativa no pertenece a su partido, dijo ignorar su procedencia y consideró que se trata de “una barbaridad” que de ninguna manera apoyará.

Las sospechas de Pesoa

Sergio Pesoa, de SADOP, fue un poco más duro. Si bien no pudo precisar a ciencia cierta quién está detrás de todo esto, recordó que en un momento el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Fabián Peccin, opinó que las escuelas públicas de gestión privada deberían desaparecer. “Fue en una reunión en donde estaban representantes de los gremios, el Ministro de Gobierno Mauro Urribarri, el presidente del CGE José Luis Panozzo y otras autoridades del CGE”, aseguró Pesoa.

También conjeturó que es probable que detrás de los ciudadanos que promueven el proyecto, pueda haber algún grupo que los impulse, lo cual saldría a la luz una vez presentado en Diputados.

¿Cuál sería el problema?

Todos los entrevistados coincidieron en que si el Estado quitara el financiamiento a las escuelas públicas de gestión privada de la provincia, aumentaría notoriamente la cuota que se paga por alumno (cuando sabemos que en muchos casos se trata de cuotas simbólicas); la mayoría no podría pagar; se cerrarían divisiones; docentes quedarían sin trabajo y el Estado debería absorber a todos esos chicos que quedarían fuera.

“Hay una mirada elitista. El común de la gente piensa que las escuelas públicas de gestión privada son una cuestión de elite, cuando hay muchas escuelas que cumplen una función social muy importante en determinado nivel de la sociedad o en los niveles más necesitados. Desde SADOP reconocemos que hay escuelas de elite, pero no se puede decir que todas lo sean porque no todas cobran una cuota de 3000 pesos por mes”, insistió Pesoa.

¿De qué manera financia el Estado?

Walter Galarza explicó que, en algunos casos, el Estado entrerriano se hace cargo del 100 % de los salarios de los docentes de las escuelas públicas de gestión privada (excepto de los de catequesis e inglés en la primaria), más una parte de las leyes sociales. El resto de las cargas sociales lo paga cada establecimiento y también del mantenimiento del edificio.

El monto de las cuotas se fija mediante un decreto del CGE. Este decreto estipula los topes máximos de las cuotas, de acuerdo al porcentaje de salarios que paga el Estado.

En abril de 2016, ante el pedido de la Asociación de Escuelas  Públicas de Gestión Privada, el CGE comenzó a analizar un aumento del 30% de las cuotas. Hasta ese momento los topes máximos que podían cobrar las escuelas eran los siguientes:

• Aquellas que recibían un aporte estatal del 100%: 125 pesos para el nivel primario; 189 pesos para el nivel secundario y 268 pesos para educación superior.
• Aquellos establecimientos con 80% de aporte estatal: 168 pesos para la primaria; 249 pesos para la secundaria; y 483 pesos para educación superior.

La disparidad de las tarifas también está dada en la oferta académica complementaria, como talleres o idiomas.

A su vez, cada institución tiene la posibilidad de cobrar muy por debajo de lo estipulado, becar o hacer importantes descuentos por grupo familiar (que de hecho lo hacen).

Hoy, 90 mil alumnos entrerrianos concurren a las 500 escuelas públicas de gestión privada de la provincia y más de 10 mil docentes trabajan en ellas. ¿Podría el Estado absorber todo esto por sí solo? Los entrevistados consideran que no.